Publicado en cencos.org el 15 de diciembre de 2018

El 15 de junio de 2007 Dominga González Martínez fue detenida por decenas de policías, acusada de homicidio junto con otros cinco integrantes de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco, ubicada en el Estado de México. Una década después, el 27 de noviembre de 2017, recibió su sentencia: la pena máxima, 50 años de prisión.

Ese día Dominga caminó a su celda en el penal de Santiaguito, municipio de Almoloya, decidió recostarse y dormir. De pronto abrió los ojos –eran las cuatro de la mañana– y pensó: “50 años de prisión, quieren que me muera aquí”. Entonces, sentó su cuerpo de casi sesenta años de edad y pensó que únicamente tenía dos opciones: derrotarse o salir adelante. Lo que ahora se repetía era un rotundo “no me quiero morir en la cárcel”, y por eso sigue luchando para salir.

Junto con otros cinco indígenas nahuas– Pedro Sánchez Berriozábal, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles– Dominga es considerada presa política, ya que fue encarcelada como consecuencia de su defensa por el agua en San Pedro Tlanixco.

Desde hace casi 40 años esta comunidad indígena mantiene un conflicto por el uso del agua con floricultores de la región; con el argumento de que la flor necesita agua de calidad y no “contaminada por indígenas”, este sector empresarial pretendió despojar a la comunidad del río que atraviesa las tierras de Tlanixco, el cual ancestral e históricamente ha sido utilizado para el consumo humano.

La criminalización contra este movimiento en defensa del agua alcanzó su punto máximo cuando sus seis líderes más visibles fueron acusados de homicidio y encarcelados, luego de que en abril de 2003 doce personas entraran a Tlanixco de forma inesperada y una serie de eventos culminara en la muerte del empresario floricultor Alejandro Isaak Basso.

Desde el momento de su detención –pasando por los más de 10 años en prisión preventiva, y la recepción de la sentencia– la y los defensores, acompañados de sus familias, luchan por su libertad.

Tras analizar el caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por la falta de garantías al debido proceso en el juicio contra la y los defensores. Además, aseguró que las violaciones al debido proceso pueden entenderse como una criminalización de los defensores indígenas, ya que se constata una inadecuada aplicación de la justicia.

La ONU-DH señala que, en primer lugar, no se respetó la presunción de inocencia, ya que la carga de la prueba recayó en la y los acusados, quienes fueron responsabilizados de demostrar que no cometieron los delitos que se les imputan. La ONU-DH argumenta que, según el marco del derecho internacional de los derechos humanos, es el ente acusador quien debe probar que ocurrieron los hechos, así como la responsabilidad del acusado; y que además se debe garantizar que no se presuma la culpabilidad, a menos que la acusación se haya demostrado fuera de toda duda razonable.

En segundo lugar, la ONU-DH sostiene que el pilar de la sentencia está basado en testimonios; sin embargo, refiere que “ninguno de los testigos de cargo habría estado presente en el momento de la muerte del señor Isaak Basso, como admiten sus primeras declaraciones, en las que incluso mencionan que se enteraron de la muerte del señor Isaak Basso tiempo después, cuando ya no estaban en Tlanixco”.

Según el mismo organismo, la credibilidad de los testimonios también se ve socavada por incluir señalamientos contra personas que no podían estar en el lugar de los hechos: Benito Álvarez fue señalado como una de las tres personas que sujetó de los brazos a Isaak Bazo, pero él demostró que en ese momento se encontraba dando clases en Toluca; se aseguró que Venancio Zetina estuvo presente, pero el falleció mucho antes de los hechos; finalmente, se dijo que Faustino Trujillo pateó al occiso, “algo inverosímil, ya que se trata de una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas”.  

La ONU-DH también externó su preocupación ya que a todos los acusados se les atribuye “igual grado de responsabilidad… sin que se expliquen los motivos por los cuales se les aplicó a todos la pena máxima de 50 años” y por la duración de la prisión preventiva, ya que estuvieron más de 10 años encarcelados y sin sentencia.

En noviembre de 2018, en un hecho inédito, diez expertos y relatores especiales de la ONU externaron al Estado mexicano su preocupación en relación con este caso, y señalan que el juicio se habría visto afectado por varias irregularidades.

Marco Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado de cinco los presos, hizo hincapié en que el Estado mexicano tardó más de un año y medio para encontrar un traductor que acompañara la defensa de la y los indígenas nahuas acusados. También sostiene que la sentencia es racista: el juez no reconoce a los acusados como indígenas, “insinúa en su redacción que no lo son del todo porque estudiaron (fueron a la primaria y secundaria), salvo Dominga”, comenta Lara Duque.

El 7 de diciembre, en el “Foro por la defensa del agua y por lxs seis de Tlanixco”, familiares de la y los presos políticos explicaron cómo fueron detenidos los defensores: “No iban judiciales a la casa exacta, sacaban a la gente alrededor de donde vivimos; no sabían a quién iban a traer, era una cacería de brujas”, narra Tomasa Pérez, hermana de Marco Antonio.

“Fue una represión a nuestros familiares, para que como pueblo no nos organicemos, porque al gobierno le conviene tenernos con miedo”, complementa.

A Dominga, cuenta su hija, se la llevaron 100 judiciales: “rodearon la casa de mis abuelitos… mi mamá tenía dos días de que la operaron”.

Ellas: madres, hermanas, hijas, coinciden en que todos estos años han sido un infierno, pues la cárcel ha sido también para todos los miembros de la familia: para los hijos que han crecido sin padres, para las madres que se convirtieron en el único sustento de la familia; también reiteraron que seguirán luchando y exigieron a las autoridades y en particular al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la libertad de Dominga, Pedro, Lorenzo, Teófilo, Marco Antonio y Rómulo.